Conferencia

Poder y narcotráfico

Los oligopolios de la mafia,
su control en el orden social
y su actuación política

—26 de abril de 2012—

Pablo Emilio Escobar Gaviria
(1949-1993)

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Gustavo Duncan es politólogo con maestría en Seguridad Global de la Universidad de Cranfield. Investigador en temas de política pública, especializado en evaluación y regulación de agencias de servicios públicos, así como en el análisis de la economía política de los conflictos internos. Experto en temas de narcotráfico, construcción del Estado y el conflicto armado en Colombia, trabajó como investigador de la Fundación Seguridad y Democracia. Duncan escribe columnas para el Periódico El Espectador de Bogotá y El País de Cali. Ha publicado los libros: “Los señores de la guerra. De paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia” (Ed. Planeta, 2006) y “A la sombra de la guerra. Ilegalidad y nuevos órdenes regionales en Colombia” (Universidad de los Andes – Colciencias, 2009). Ha aplicado su conocimiento como consultor del PNUD, Fescol, UNODC, la Cámara de Comercio de Barranquilla, la Presidencia de la República, la Contraloría General, la Alcaldía Mayor de Bogotá y el BID. Es además ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, candidato a doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Northwestern y miembro del Comité Académico de Casa de las Estrategias. Actualmente se desempeña como profesor de la Universidad Eafit y del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes.

Presentación del autor
por Lukas Jaramillo.

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Es común que los Estados centrales deleguen su tarea en aparatos coercitivos locales, y que esta mediación implique algún grado de desajuste entre el orden social del centro y los de la periferia. Sin embargo, Colombia hace parte de los casos de fricción extrema entre centro y periferia, en un entorno donde las funciones del Estado en las regiones han sido apropiadas por poderes locales o han sido delegadas a esos poderes.

Desde hace tres décadas —cuando se inicia el conflicto como hoy lo padecemos— ha aumentado progresivamente la distancia entre el proyecto de sociedad del centro y los proyectos de la periferia: mientras Bogotá y un puñado de ciudades han avanzado en la construcción de sociedades democráticas donde funciona el capitalismo de mercado, en el resto del país se ha ido consolidando un orden autoritario y de capitalismo no moderno, bajo la égida de guerrillas, paramilitares y narcotraficantes.

Gustavo Duncan

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Gustavo Duncan

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El país que somos

Por Gustavo Duncan

A lo largo de la historia piratas, bandidos y mafiosos han sido parte crucial del proceso de formación de Estado.

Autores de primera línea en ciencias sociales (Weber, Tilly, Moore) han señalado cómo estos criminales fueron definitivos para que el Estado acumulara capital y dispusiera de la fuerza suficiente contra las amenazas internas y externas que desafiaban su hegemonía. Piratas, bandidos y mafiosos se apropiaban de riquezas que compartían con el Estado a cambio de protección e imponían su dominio en territorios donde la autoridad no contaba con los medios para someter a sus pobladores. Reyes y emperadores reconocieron sus servicios asimilándolos dentro de las élites y exculpando su pasado criminal. Muchos descendientes de corsarios y bucaneros se convirtieron así en nobles y estadistas.

Narcotraficantes y paramilitares han cumplido un papel similar en Colombia: han contribuido a su manera al proceso de acumulación de capital y han sido una fuerza definitiva para expulsar a la guerrilla de muchos territorios del país. Dentro de esa lógica surge la pregunta acerca del momento en que el Estado reconocerá sus servicios y los asimilará como élites al margen de cualquier culpa. En otras palabras, ¿cuándo veremos a la segunda generación de los Escobares y Bernas en cargos, funciones o empresas reconocidas como legítimas y valoradas por la sociedad?

Lo paradójico es que eso ya lo estamos viviendo al día de hoy, pero no del modo simple como debería suponerse. No será con nombre propio, ni con el nombre de sus hijos o nietos, que los Escobares y Bernas se asimilarán a la sociedad como élites legítimas. Más aún, es casi seguro que nunca lo harán porque pertenecen a una categoría de empresarios criminales que son material de sacrificio. Los capos del narcotráfico y del paramilitarismo serán encarcelados, eliminados y arruinados. Así sucedió con los Escobar y Rodríguez Orejuela, que bastante contribuyeron a financiar la carrera de muchos políticos nacionales, y con los Castaño y Mancuso que ayudaron a muchos empresarios regionales a salvaguardar su riqueza y hacerla crecer en condiciones adversas.

Ni los operadores del negocio, desde quienes siembran, procesan y trafican, ni quienes se encargan de organizar la violencia, desde sicarios a paramilitares, tienen lugar en la sociedad legítima. Son otro tipo de figuras sociales ligadas a ‘paras’ y ‘narcos’ los que se asimilarán como élites emergentes: la clase política que protegió su expansión y los empresarios que se dedicaron a lavar y a encubrir sus ganancias.

La naturaleza del país que somos se proyecta hasta el tuétano en estos detalles. Es impensable que alguien con la presencia y el comportamiento de un capo mafioso o salvaje patrón paramilitar sea aceptado como élite legítima. Pero políticos y empresarios corruptos que poseen las destrezas sociales para insertarse en el poder legal, al tiempo que disponen del capital y la fuerza de narcotraficantes y paramilitares, poco a poco se labran un espacio central dentro de las élites del país. Pueden llegar a los principales cargos públicos y realizar los negocios más lucrativos con la aprobación del Estado sin que los abundantes cuestionamientos sobre actuaciones comprometedoras desafíen su poder en expansión.

Fuente:

Periódico El Espectador, 28 de abril de 2009.