Conferencia
Ley 1454 de 2012
L.O.O.T.
Un acercamiento a la figura
administrativa Provincia
—Septiembre 21 de 2013—
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Alberto Ruiz Sánchez es administrador público de la Escuela Superior de Administración, en donde obtuvo reconocimiento por su tesis de grado. También es especialista en Planeación Urbana Regional de la Universidad Nacional, en Formación Pedagógica para Profesionales de la Universidad Autónoma Latinoamericana y diplomado en Gestión de la Calidad con ICONTEC, Antioquia. Su experiencia en el campo de la planeación territorial lo ha llevado a ser asesor y director de importantes proyectos y ha trabajado con la Asociación de Municipios del Norte del Valle de Aburrá, el Programa “Escuela de Líderes” de Itagüí, el Plan de Ordenamiento Territorial de Amalfi, así como el de Yolombó, la Escuela de Formación de Líderes Comunitarios (Medellín), el Plan de Desarrollo de Entrerríos y de La Virginia (Risaralda), el Montaje del Manual de Funciones y Competencias para la reestructuración administrativa de San Francisco, el Montaje de la Gestión Documental en la E.S.E. Isabel la Católica de Cáceres y el Plan de Desarrollo de Puerto Triunfo (2012-2015). Actualmente se desempeña como Secretario Ejecutivo de la Corporación Corpohabitat y es asesor en organizaciones sociales y comunitarias, especialmente para las poblaciones vulnerables.
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Invita:
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Fundación Agua Amiga es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la realización de proyectos educativos para la sensibilización ambiental y el cambio de pensamiento sobre el consumo acelerado que se está viviendo en el mundo. Nuestra herramienta más importante es la educación, promovida por medio de talleres, campañas, conferencias y proyectos, entre otros.
Somos un grupo de ciudadanos comprometidos con el medio ambiente, seres formados en disciplinas diferentes pero que en conjunto logramos formar un movimiento de conciencia ambiental. Las puertas están abiertas para todos aquellos que quieran ser parte de esta labor por el planeta Tierra. Nuestro eslogan es: “Proteger el agua, compromiso de todos”.
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Alberto Ruiz Sánchez
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Al abordar el tema del ordenamiento territorial cabe preguntarse por la importancia de una norma como la Ley 1454 de 2010 en un país que padece conflictos que podrían parecer más importantes. Esta pregunta se vuelve más pertinente aún cuando se evidencia que tras tres años de su aprobación, esta ley apenas ha sido reglamentada. Entre la larga lista de posibles explicaciones a lo que aparenta ser una demora en la implementación, la principal es la ausencia de consenso entre los altos funcionarios gubernamentales, la clase política, académicos expertos y voceros de organizaciones económicas, sociales y comunitarias acerca de la organización territorial más conveniente para el país. Además, puede afirmarse que existe gran interés por parte de los propietarios de los mejores suelos, alrededor de un diez por ciento de la población, en mantener la tenencia de la tierra. En consecuencia, se oponen a cualquier transformación que conduzca, finalmente —como ocurrió en Europa, Japón y EE. UU.— a una distribución más democrática de la tierra, y a hacer del agro un sector estratégico para el desarrollo nacional.
El debate acerca de la norma se agudiza al reconocer que la ausencia de un adecuado ordenamiento territorial, según el Departamento Nacional de Planeación, “ha tenido efectos sobre la gobernabilidad, desinstitucionalización y ausencia del Estado en algunos puntos de la geografía nacional; violencia regional y local, uso inadecuado de los recursos, deterioro ambiental, marginalidad de los sectores sociales; confusión y duplicidad de funciones entre entidades”.